La Ley de Mecenazgo, diseñada para fomentar el apoyo a proyectos culturales en la República Dominicana, ha encontrado un obstáculo que podría comprometer su implementación efectiva. Esta barrera proviene de las disposiciones interpretativas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Hacienda.
Henry Mercedes Vales, Director General de la Dirección General de Mecenazgo del Ministerio de Cultura, comunicó a los gestores culturales del país la situación a través de una carta oficial. En ella, se dirige a los beneficiarios de los certificados otorgados a los 100 primeros proyectos declarados de interés cultural por el Consejo de Mecenazgo (CONME), destacando el logro significativo y el compromiso con el desarrollo cultural.
Sin embargo, tras una revisión por parte de la DGII y el Ministerio de Hacienda, se detectó una discrepancia en la interpretación del artículo de la Ley 340-19, que establece el incentivo fiscal para los empresarios que desean contribuir como mecenas a proyectos culturales. Según los organismos reguladores, el incentivo fiscal se refiere a una deducción del 2.5% del pago del Impuesto sobre la Renta, en lugar de un crédito fiscal del 2.5% de la renta neta imponible, como se había entendido originalmente. Esta interpretación reduce el aporte efectivo al 0.675% de la renta, lo que hace inviable la aplicación de la Ley de Mecenazgo en su forma actual.
Frente a esta situación, el CONME ha establecido una estrategia para promover ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación de los artículos pertinentes de la ley, buscando que se ejecute tal y como se concibió originalmente. Este proceso legislativo tomará algún tiempo, durante el cual los proyectos certificados no podrán optar por este mecanismo de financiamiento.
A pesar de este contratiempo, algunos de los proyectos certificados han logrado avanzar mediante otras fuentes de financiamiento. Se insta a los gestores culturales a explorar mecanismos de financiamiento alternativos, tanto parciales como totales, incluyendo aportes de instituciones privadas y públicas, entre ellas el propio Ministerio de Cultura.
La carta concluye agradeciendo la comprensión y paciencia de los gestores culturales mientras se trabaja para resolver esta situación, y ofreciendo asistencia para cualquier consulta o necesidad que puedan tener.
Este desafío subraya la importancia de una interpretación clara y coherente de las leyes fiscales para asegurar que los incentivos destinados a promover la cultura sean efectivamente accesibles y funcionales. La comunidad cultural espera con interés las próximas decisiones legislativas que permitirán retomar el camino hacia un mayor apoyo y desarrollo de la cultura en el país.
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Sobre la Ley 340-19
Entre los objetivos de la Ley 340-19 se encuentran estimular y proteger la formación de profesionales en los ámbitos de la creación artística, gestión, gerencia y administración de proyectos orientados al fomento, desarrollo, innovación y modernización del sector cultural.
Otro de los fines de esta ley es fomentar el coleccionismo público y privado, mediante el estímulo a la compra directa de obras u objetos de arte a los artistas o a las instituciones de intermediación comercial dentro del área de esa especialidad (galerías de arte y afines), legal y lícitamente constituidas para tales fines.
En ese mismo orden, cabe destacar que la implementación de esta ley favorecerá a los artistas, gestores culturales o entidades culturales públicas o privadas que diseñen y presenten al Consejo de Mecenazgo proyectos o propuestas de gestión cultural, de acuerdo al objeto y procedimiento establecido en la misma.