El Ministerio Público ha reunido evidencias contundentes de que la tragedia ocurrida la noche del 8 de abril en la discoteca Jet Set era “totalmente evitable”, y que los propietarios tenían pleno conocimiento del deterioro del techo a través de reportes visuales, fotografías y mensajes enviados por sus propios empleados.
En ese sentido, las autoridades en su solicitud de medida de coerción, sometida este sábado contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club, establecen imputaciones por homicidio involuntario y negligencia, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
Por estas razones, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra los hermanos Espaillat, a quienes responsabiliza directamente por la muerte del merenguero Rubby Pérez y otras 235 víctimas más que aquella noche asistieron a una fiesta sin saber que el techo que los cubría ya había sido condenado.
De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Espaillat operaban el establecimiento “con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural”, permitiendo remodelaciones sin supervisión técnica ni permisos legales.
Entre las irregularidades más graves, el Ministerio Público señala la eliminación de una columna clave, la sobrecarga del techo con equipos pesados y la ejecución de obras sin ningún tipo de evaluación por parte del Ministerio de Obras Públicas ni de la Alcaldía del Distrito Nacional.
Horas antes del colapso, se registraron caídas de escombros en el local. Pese a las advertencias de empleados sobre el peligro inminente, Maribel Espaillat —según el expediente— se negó a suspender la fiesta alegando que no podía tomar la decisión sin su hermano, priorizando el desarrollo del evento por encima de la seguridad de artistas, clientes y empleados.
El Ministerio Público designó a un equipo técnico encabezado por los ingenieros Leonardo Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo Corominas Quezada, quienes confirmaron fallas críticas en la estructura del edificio: ausencia de muros de soporte, anclajes deficientes y modificaciones ilegales que comprometieron la estabilidad del inmueble, anteriormente utilizado como cine.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso acudió personalmente a la escena tras el desastre y ordenó preservar los escombros para fines de peritaje.
El expediente también indica que los imputados habrían intentado intimidar a testigos para evitar que colaboraran con la investigación.