SANTO DOMINGO.- Chelsy Bautista, hija de la comediante dominicana Cheddy García, presentó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de organismos armados del Estado, a quienes acusa de presuntas irregularidades durante un operativo realizado en su vivienda del Distrito Nacional.
La acción judicial fue interpuesta a través de su abogado, el jurista Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra miembros de la Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea y otros participantes que habrían intervenido en el procedimiento.
De acuerdo con el documento depositado, el hecho ocurrió el 23 de enero de 2026 alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando varios agentes llegaron al apartamento donde reside Bautista alegando que ejecutaban una orden de allanamiento. Según la querella, los oficiales ingresaron de forma violenta al inmueble y habrían apuntado con armas largas hacia el interior del apartamento, generando una situación de temor e intimidación.
Posteriormente, sostiene la denunciante, se habría determinado que la orden judicial correspondía a otro apartamento del mismo edificio, lo que, según afirma, evidenciaría irregularidades en la ejecución del operativo.
Bautista también denunció que durante la permanencia de los agentes en la vivienda desaparecieron varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates de la marca Guy Monacó, artículos que asegura se encontraban en el lugar antes de la intervención.
La querellante explicó que decidió acudir a la vía judicial tras considerar que su denuncia no había recibido la debida atención por parte de las autoridades. “Además del robo, me siento burlada por la indiferencia frente a una situación tan grave”, expresó.
En la querella se señalan presuntas violaciones al Código Penal Dominicano, incluyendo violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores. La parte acusadora solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, identificar a todos los involucrados y someter a la justicia a quienes resulten responsables.
Asimismo, la denunciante pidió una orden de protección y alejamiento, alegando temor por su seguridad personal debido a que los señalados son agentes del Estado. Bautista afirmó que el incidente le ha provocado angustia e inseguridad, situación que incluso la habría llevado a abandonar temporalmente su residencia.
Además de la acción penal, la querellante se constituyó en actor civil y reclamó una indemnización por los daños materiales y morales que asegura haber sufrido como consecuencia del hecho.