SANTO DOMINGO, RD.-El periodista Julio Martínez Pozo calificó como una amenaza a la libertad de expresión el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, en el que «amenaza con amordazar» a periodistas y comunicadores.
«Váyase al diablo con su amenaza a la libertad de expresión» respondió a la Procuraduría General de la República.
El documento hace referencia a las denuncias que hiciera el pasado viernes el periodista, sobre los acuerdos de homologación en caso Calamar, donde los implicados pagarían al Estado con la construcción de obras.
En ese sentido, Julio Martínez Pozo coordinador del programa el Sol de la Mañana de RCC Media, emplazó este lunes al presidente Luis Abinader, a aclarar los acuerdos de homologación de los acuerdos en el caso «Mimilaso».
«Yo emplazo al presidente de la República a que diga si el autorizó esos acuerdos con supuestos estafadores» sostuvo.
Rechazó el documento que emitiera la Procuraduría, donde se alega, que sus denuncias sobre los convenios en el caso Calamar, estuvo previamente pagado.
«Que lo digan si mis comentarios estuvieron vinculados a algún tipo de tratativas económicas con esas personas» subrayó.
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En un comunicado difundido por el Ministerio Público
En su comunicado, el Ministerio Pública reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho. Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales.
Pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente.
“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa.
Estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.
Han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana.