La procuradora fiscal Julissa Hernández, experta en género y derechos humanos, alertó sobre la persistencia del ciclo de violencia dentro de las familias y llamó a fortalecer los mecanismos de prevención más allá de la aprobación del nuevo Código Penal. Subrayó que el país necesita más educación, información y una cultura de derechos humanos para enfrentar un fenómeno que, según dijo, se reproduce de generación en generación.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista realizada por los comunicadores Rosa Escoto y David Ruiz en el programa Gente RD TV, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Hernández explicó que la violencia familiar y de género, así como la que afecta a envejecientes y a la niñez, responde a relaciones de poder desequilibradas, donde quien controla somete al otro.
“Para trabajar eso se requiere prevención e información”, afirmó.
Advirtió que muchos patrones culturales continúan normalizando el maltrato, como la idea de que la violencia intrafamiliar “no es asunto de nadie” o expresiones que minimizan relaciones abusivas, tales como “ella es tóxica” o “a mí me gustan los tóxicos”. “Las personas no nos damos cuenta de que estamos envueltos en ese ciclo de violencia y lo hemos normalizado”, explicó, y llamó a la sociedad a “cambiar el chip” para romper esos modelos.
Recordó además que la Ley 136-03 obliga a cualquier persona a denunciar hechos que vulneren los derechos de niños, niñas o adolescentes, aunque no sea su tutor legal.
Alta demanda de casos en Santo Domingo Este y Norte
La procuradora fiscal también reveló que, durante su labor en la unidad de violencia de Santo Domingo Este y Norte, se recibían entre 70, 80 y hasta 100 casos diarios, lo que convierte a esa dependencia en una de las más cargadas del país. Señaló que víctimas provenientes de zonas como Boca Chica, La Victoria, Los Mina y otras comunidades deben acudir a la misma unidad central, incrementando la presión operativa.
En contraste, indicó que en el Distrito Nacional existe un sistema más descentralizado, donde fiscalías comunitarias absorben parte de los casos, permitiendo una atención más rápida y con menor volumen diario (entre 15 y 25 casos).
Hernández lamentó que muchas personas aún desconozcan cuáles instituciones pueden asistirlas cuando sufren una vulneración de derechos. Aunque existen redes de atención, señaló que socialmente “suele ser más fácil dedicar horas al entretenimiento que investigar sobre rutas de ayuda”, lo que refleja la necesidad de trabajar en el empoderamiento y la educación social.