Este domingo se cumplen dos meses desde que el techo de la discoteca Jet Set se desplomó, cobrando la vida de 236 personas y dejando a más de 180 heridas. Desde entonces, la República Dominicana no ha dejado de llorar. La magnitud de la tragedia dejó al país en estado de duelo colectivo, mientras las familias de las víctimas viven entre el luto, la incertidumbre y una espera que se hace insoportable.
El lunes 9 de junio vence el plazo anunciado por las autoridades para entregar el informe preliminar que establecería las causas del colapso. La responsabilidad de esa tarea recayó en una comisión técnica integrada por expertos nacionales e internacionales, presidida por Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
El pasado 26 de mayo, el presidente Luis Abinader aseguró que la comisión "no se ha detenido un segundo" desde que se conformó. Aquella declaración pareció ofrecer un respiro, aunque breve, a los familiares de las víctimas, quienes han levantado su voz para exigir justicia en medio del dolor.
En paralelo, la Procuraduría General de la República, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, confirmó que trabaja con un perito estadounidense y dos expertos dominicanos en el análisis de los escombros del establecimiento ubicado en la avenida Independencia. La idea es determinar, con pruebas forenses, por qué una estructura de uso público colapsó de forma tan devastadora.
Las investigaciones podrían determinar si hubo fallos de origen estructural, negligencias administrativas o falta de supervisión estatal. El informe preliminar, que será remitido a la Procuraduría, marcará un punto de inflexión en el proceso judicial.
De momento, la justicia ha recibido 65 acciones legales contra los propietarios del Jet Set, entre ellas 22 querellas y 43 denuncias presentadas por sobrevivientes y parientes de las víctimas. Cada una de esas piezas legales representa una historia rota, una familia marcada para siempre.
El empresario Antonio Espaillat, propietario del local a través de la sociedad Inversiones E Y L, S.R.L., se puso a disposición del Ministerio Público días después del siniestro. Lo hizo mediante un comunicado dirigido a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. De manera simultánea, su abogado renunció a un alto cargo público para dedicarse exclusivamente a su defensa.
La comisión investigadora cuenta con profesionales como el ingeniero forense Fierro, de la Universidad de California; el patólogo estructural Máximo Corominas, con formación en el Instituto Eduardo Torroja de España; Marcos Paniagua, con estudios en Chile; y Remi Luciano, especialista en ingeniería sismo-resistente. Todos trabajan bajo la coordinación de Onesvie, cuyo mandato incluye la prevención de desastres de origen estructural.
Y, sin embargo, el país observa con escepticismo. Porque más allá de la espera técnica y los procedimientos judiciales, el fondo del reclamo es emocional: ¿por qué murieron tantas personas esa noche? ¿Quién debió haber prevenido la tragedia?
A dos meses del derrumbe, el Jet Set ya no es solo el nombre de una discoteca. Es una herida nacional, abierta en medio del cemento y la burocracia. Un símbolo de lo que ocurre cuando fallan los controles, cuando se posterga la vigilancia y se prioriza la apariencia por encima de la seguridad.
Este lunes se espera una respuesta. Pero para las familias, la justicia no se mide en informes: se mide en verdades, en condenas claras y, sobre todo, en la promesa de que algo así no volverá a repetirse.