Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente impuso este miércoles medida de coerción contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat de Veras, propietarios de la colapsada discoteca Jet Set.
En ese sentido, la jueza Fátima Veloz dictó medida coercitiva en contra de los hermanos acusados de homicidio involuntario, consistente en impedimento de salida y el pago de una garantía económica
La audiencia de solicitud de medida de coerción contra los imputados se extendió por más de 13 horas, plazo de tiempo en la magistrada otorgó tres periodos de receso, siendo el de dos horas el más largo.
Cabe destacar que más de 40 de las víctimas de la tragedia del Jet Set llegaron a acuerdos económicos con la familia Espaillat, según informó el representante legal del establecimiento colapsado, Miguel Valerio.
Ministerio Público apelará medida
El Ministerio Público valoró positivamente varios aspectos de la decisión emitida este jueves por el tribunal que dictó fallo en el caso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el trágico incendio ocurrido en una discoteca, el cual dejó 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y más de 130 niños huérfanos.
Sin embargo, expresó su firme desacuerdo con la medida de coerción impuesta y anunció que presentará un recurso de apelación.
Wilson Camacho, representantes del Ministerio Público, destacaron cuatro elementos clave de la decisión judicial. El primero de ellos fue el reconocimiento general, tanto por parte de los querellantes como del propio tribunal, de la calidad de la investigación presentada por la Procuraduría. “Todo el mundo en la sala reconoció la rigurosidad de nuestro trabajo”, indicaron.
En segundo lugar, subrayaron que el tribunal avaló la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público, considerándola la correcta.
La jueza Fátima Veloz también se hizo eco de una solicitud que la procuradora general, Yenny Berenice, había hecho al Congreso: la necesidad urgente de aprobar un nuevo Código Penal. Según el Ministerio Público, el actual código, vigente desde el siglo XIX, no contempla adecuadamente figuras jurídicas como la culpa consciente, categoría en la que encaja la conducta de los imputados.
El tercer elemento resaltado fue la declaratoria de caso complejo, solicitada por la fiscalía y acogida por el tribunal, lo cual permitirá mayores plazos para la investigación y el proceso judicial.
Pese a estos avances, el Ministerio Público manifestó su rechazo a la medida de coerción impuesta, considerando que el tribunal no valoró en su justa dimensión la gravedad de los hechos.
“Esta medida no refleja el daño devastador causado a la sociedad dominicana, ni el dolor de las víctimas y sus familias”, afirmaron.
Según la fiscalía, los hermanos Espaillat priorizaron sus intereses económicos sobre la seguridad de las personas que frecuentaban la discoteca. “Esta decisión se burla de las víctimas. Desde ya anunciamos que será apelada”, concluyeron.